El valor de las transacciones en internet está ineludiblemente ligado a la existencia de identidades digitales certificadas que vinculen los actos en el entorno digital con las identidades físicas o jurídicas ajenas al mismo. La ley de firma digital establece cuales son los procedimientos para hacerlo y el DNI electrónico aporta instrumento concreto para hacerlo.

Sin embargo, para incluir estas posibilidades en la parte de los servidores corporativos o de la administración, es necesario desarrollar módulos de seguridad específicos para ello.

Además de la identidad digital legal, hay situaciones en las cuales puede ser recomendable desarrollar una infraestructura propia de identidad digital de ámbito privado, como puede ser aquellas relacionadas con los miembros de un club, los estudiantes y profesores de un colegio o universidad, los trabajadores de una empresa, etc. En este caso, el sistema de identidad digital no conllevaría responsabilidad civil, pero permitiría el establecimiento de sistemas muy versátiles para el control de acceso dentro de las correspondientes redes o instalaciones privadas.